Asbesto: La silenciosa fibra mortal

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Por Javier Karmy,
publicado en http://www.elciudadano.cl/2017/03/16/366858/asbesto-la-silenciosa-fibra-mortal/

Una gran cantidad de trabajadores y pobladores están expuestos a contraer enfermedades mortales como asbestosis o mesotelioma pleural. El asbesto “está en las techumbres, en el interior de las casas, en las empresas, en secadores de pelo, en termos y en guantes para la cocina, pues los usos que tenía eran innumerables”, advierte el dirigente Adrián Prieto. Aun así, el Estado no fiscaliza ni hace cumplir una ley destinada a enfrentar esta problemática, promulgada tras la muerte de Eduardo Miño.

En la Casa de la Cultura de Coronel, región del Biobio, se realizó el III Seminario Medio Ambiental organizado por Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA). Bajo el título “Daño a la Salud por las termoeléctricas”, unas 200 personas escucharon este 13 de marzo diversos antecedentes que dan cuenta de la contaminación a la población y a los trabajadores de las termoeléctricas Bocamina I y II. Entre los panelistas estuvo el doctor Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile; el senador Alejandro Navarro, y los dirigentes Adrián Prieto, del Movimiento Unidos Contra el Asbesto (UCA), y Omar Gónzalez, presidente de Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA).

La situación en Coronel es alarmante, de hecho sus habitantes la consideran una Zona de Sacrificio. Recordemos que, debido a los niveles de contaminación del aire, esta comuna fue declarada en julio de 2015 por el Estado de Chile como Zona Saturada. Es uno de los centros industriales más importantes del sur del país, que incluye refinerías, termoeléctricas y plantas de celulosa, entre otras. Ahora, a la contaminación se suma el problema de la presencia de asbesto, un mineral resistente al fuego que al ingresar al cuerpo por vía respiratoria se aloja en los pulmones generando la mortal asbestosis o mesotelioma pleural.

Tchernitchin y la organización TUCA aprovecharon la ocasión para tomar muestras en más de 40 puntos cercanos al complejo Bocamina, con el objeto de contrarrestar la información que está obteniendo la Policía de Investigaciones (PDI) a través de peritajes tomados en conjunto con las seremías de Medio Ambiente y de Salud para verificar los niveles de contaminación en la población. Las muestras de Tchernitchin, conocido por sus investigaciones independientes en casos como Alto Maipo y Minera Los Pelambres, están respaldadas por el municipio de Coronel y serán analizadas en el Instituto de Salud Pública.

La pobre desasbestización

La preocupación de los asistentes al seminario se volcó al proceso de desasbestización de Bocamina I que realizó la empresa Akeron Caf, que supuestamente cumpliría estrictos protocolos de seguridad, y que permitiría “limpiar” de asbesto estructuras como las chimeneas de la termoeléctrica sin afectar la salud de los trabajadores ni de la población aledaña. Sin embargo, durante los años 2014 y 2015 los mismos trabajadores denunciaron que los procesos no cumplían protocolos ni normas de seguridad mínimos. Incluso, se dio cuenta de la muerte de un trabajador como consecuencia del asbesto el año 2015.

Uno de los expositores del seminario, Adrián Prieto, de la organización Unidos contra el Asbesto (UCA), que lleva años responsabilizando a la empresa Pizarreño por la muerte de vecinos y familiares en Maipú, en Santiago, narró a El Ciudadano que existe una gran preocupación de la ciudadanía por el asbesto, por lo que los habitantes de Coronel están dispuestos a enfrentarse a los responsables, en este caso Bocamina I y II.

Prieto mostró imágenes de los trabajadores de Pizarreño cuando en los años ’70 y ’80 tenían contacto con el asbesto. Las compararon con las imágenes de los obreros de Akeron Caf del año 2014 y 2015, empresa especialista en este tipo de procesos. “Era insólito porque la gente contó que las medidas de seguridad eran muy parecidas”, señaló, explicando que en las fotografías antiguas los trabajadores aparecían con mascarillas de género que no servían para la protección del asbesto, gorros de papel de diario, y ni hablar de guantes ni antiparras.

Para el dirigente la cosa es simple: Esto demuestra que las empresas no están siendo fiscalizadas en el proceso de desasbestización que tienen a cargo y, por lo tanto, que hacen caso omiso a las normativas de seguridad básicas para proteger a los trabajadores del asbesto.

El decreto supremo 656

La historia de la lucha contra el asbesto es larga y el hito más conocido es la inmolación, en diciembre del año 2001, de Eduardo Miño, ex trabajador de Pizarreño que se quemó a lo bonzo frente a La Moneda dejando una carta en la que explicaba las razones que lo habían llevado a tomar esa decisión y hacía un llamado al entonces Presidente Ricardo Lagos y al país a tomar conciencia y a crear políticas públicas para resolver la silenciosa matanza del asbesto que a él le había arrebatado a seres queridos.

Entonces, Michelle Bachelet, Ministra de Salud, emitió el decreto supremo 656 que prohíbe el uso e importación del asbesto. Sin embargo, esta medida no resolvió el problema más importante y de fondo, que es que el asbesto sigue presente en las construcciones del país.

Para la antropóloga Tania Muñoz, una de las autoras del libro “Fibras Grises de Muerte: el silencio del mayor genocidio industrial en Chile” (2013), el problema es muy grande, pues “la urbanización del país se hizo en base al asbesto-cemento”, específicamente entre los años 1935 y 2001. “Todas las construcciones tienen asbesto”, sostiene.

Adrián Prieto coincide y agrega que el decreto 656 no se hace cargo del asbesto que “está en las techumbres, en el interior de las casas, en las empresas, en secadores de pelo, en termos y en guantes para la cocina, pues los usos que tenía eran innumerables”. Desafortunadamente, esta normativa tampoco responsabiliza a las empresas, por lo que el dirigente manifiesta que, definitivamente, “la tarea no está hecha”.

La forma más clara de evidenciar que el decreto 656 es insuficiente es que todos los años siguen enfermando y muriendo personas de asbestosis y aneurismo pleural. Las estadísticas son imprecisas y no hay claridad de cuántas personas han muerto por esta causa, ya que muchos certificados de defunción no la señalan, explica la especialista Tania Muñoz. Una de las razones que podría explicarlo es que es fácil confundirlo con el cáncer pulmonar, pero también que en el acta de defunción se omite la historia clínica del paciente, entonces una persona puede haber muerto de un ataque al corazón, efectivamente, pero como resultado de padecer asbestosis a lo largo de muchos años.

El asbesto que alcanza todos los pulmones

El problema es que para eliminar el asbesto no basta con tirarlo a la basura, porque las partículas después de un tiempo se liberan y, justamente, el problema es que son tremendamente volátiles y microscópicas por lo que “pueden entrar al organismo de cualquier persona”, dice Adrián Prieto. Y agrega: “La OMS lo ha dicho: basta una fibra de asbesto para contraer la enfermedad más grave que es el mesotelioma pleural. Por eso, el peligro es inminente y para toda la población”.

Es por esto que, para la antropóloga Tania Muñoz, Chile debiera realizar un proceso de desasbestización serio, pues aún hay construcciones a lo largo de todo el país que tienen asbesto, lo que quiere decir que “siempre vamos a tener gente enferma, porque el mineral se libera cuando los materiales con que se ha construido se comienzan a deteriorar”, dice. Es más, se prevé que en 20 ó 30 años más llegaremos al peack de enfermedades por asbesto, “justamente porque los materiales ya van a estar totalmente desgastados”, agrega Muñoz.

Además, el país debiera crear un fondo compensatorio de salud para ayudar a las víctimas del asbesto a sobrellevar esta enfermedad crónica que poco a poco va deteriorando el pulmón hasta matar a la persona. En el caso del mesotelioma pulmonar o peritoneal, “es muerte segura y es devastador, son seis meses o un año, con una calidad de vida espantosa”, sostiene Muñoz, quien insiste en que hoy no hay políticas públicas que ayuden ni a las víctimas ni a las familias a tratar esta enfermedad que es terminal. En este sentido, “Pizarreño debiera establecer su responsabilidad”, concluye Muñoz.

Fuente: El Ciudadano

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